BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

 

COMPUTACIÓN

MAESTRO: LUIS MISAEL FLORES OLMOS

 

AMPARO DIRECTO

 

QUINTANA GARMA MARÍA EUGENIA

MATRÍCULA 200935981

 

 

ÍNDICE

 

3..... EL AMPARO DIRECTO

4..... SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO

5..... JURISPRUDENCIA

6..... RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO

7..... ANTE QUIEN SE TRAMITA EL AMPARO DIRECTO

8..... JURISPRUDENCIA

9..... JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS

 

 

 

 

AMPARO DIRECTO   

Art. 107 CPEUM.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

V. El amparo contra sentencias definitivas y laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante  el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

a) en materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares;

b) en materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fina al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;

c) en materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

     En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales; y

d) en materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado.

     La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

     El juicio de amparo directo es procedente en contra de los siguientes actos de autoridad, emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo:

a)    Sentencias definitivas o laudos,

b)    Resoluciones que pongan fin al juicio

SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO

     Es aquella resolución que decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes ya no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. Estas sentencias deben ser dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

     La sentencia tiene el calificativo de definitiva porque decide una controversia en lo principal, es decir, en cuanto al fondo, estableciendo el derecho controvertido de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de sus pretensiones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen, siempre que respecto de esta determinación ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinario por virtud de los cuales pudiera ser modificada o revocada.

     Es decir, para que una resolución emitida por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, pueda ser considerada como definitiva, debe reunir dos condiciones:

a)    Por su naturaleza. Es definitiva debido a que resuelve las cuestiones planteadas por las partes, bien sea como acciones o como excepciones,    

b)    es decir, existe pronunciamiento resolviendo el asunto sometido a su estudio.

c)     Por su firmeza. Es definitiva debido a que ya no procede ningún recurso o medio de defensa ordinario por medio del cual se pueda modificar o revocar.

          En las siguientes ejecutorias se contiene la definición de sentencia definitiva, para los efectos del juicio de amparo directo:

     Octava época

     Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

     Fuente: Semanario Judicial de la Federación

     Tomo: XI, mayo de 1993

     Página: 287

 

AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL, CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, PARA LA PROCEDENCIA DEL.

En los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías ante los Tribunales colegiados de Circuito, debe entenderse por sentencia definitiva la que decide una controversia en lo principal, estableciendo el derecho de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia delas acciones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen, siempre que respecto de ese fallo ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinarios, por los cuales pudiera ser modificada o reformada.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 206/91. Distribuidora de Gas Noel, S.A. de C.V 11 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Sandoval Espinoza. Secretario: José Gilberto Moreno Garcia.

 

Octava época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: V, segunda parte-2, enero a junio de 1990

Página: 639

 

SENTENCIA DEFINITIVA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO. La sentencia de primera instancia que admite en su contra recurso de apelación, aun cuando decida el juicio en lo principal, no puede considerarse como sentencia definitiva para los efectos del amparo, ya que en términos de los dispuesto por el artículo 46 de la Ley de la materia sólo merecen tal calificativo las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1928/89. Comercializadora de Veneciano, Losetas y Azulejos, S. A. de C.V. 8 de junio de 1989. Unanimidad de votos.

Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.

 

RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO

     El otro tipo de acto impugnable a través del juicio de amparo indirecto son las denominadas “resoluciones que pongan fin al juicio”, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

     Estas resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que, si bien terminan un juicio, no lo resuelven en lo principal, es decir, no deciden sobre las pretensiones de las partes; y respecto de las cuales la ley no concede ningún recurso ordinario o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Estas resoluciones deben ser dictadas, como hemos dicho, por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

     Antes de la reforma de 1998 a la Constitución Política, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito únicamente tenían competencia para conocer de los juicios de amparo directo donde el acto reclamado fuese una sentencia definitiva o laudo. Sin embargo,  a partir de dichas reformas, los citados tribunales tienen competencia para conocer también de las resoluciones que ponen fin al juicio.

      Con anterioridad a dichas modificaciones legales, el amparo directo se promovía ante los tribunales colegiados de circuito únicamente en contra de sentencias definitivas o laudos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y respecto de las cuales no existiera ningún recurso ordinario o medio de defensa por virtud de los cuales se pudieran revocar o modificar. Se entendía por sentencia definitiva aquella que resolvía el juicio en lo principal, declarando el derecho controvertido de las partes, al igual que ahora. De esta manera, aquellas resoluciones que provenían de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que ponían fin al juicio pero no lo resolvían en lo principal, se debían combatir en amparo indirecto ante los jueces de distrito.

     De tal manera que el juicio de amparo (indirecto) promovido en contra de resoluciones que pusieran fin al juicio se prolongaba de manera innecesaria, ya que en el trámite ante el juez de distrito se comprende una etapa de instrucción, implicando período probatorio y de alegatos, e inclusive la resolución dictada en amparo indirecto podría ser impugnada, vía revisión, ante el tribunal colegiado de circuito competente, comprendiendo de esta manera dos instancias.

     Precisamente con la finalidad de evitar este inconveniente procesal, se estableció la competencia directa de los tribunales colegiados para conocer del amparo en contra de resoluciones que pusieran fin al juicio.

     Dichas resoluciones son, como se ha dicho, aquellas que dan por concluido el procedimiento sin que exista pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes en virtud de algún obstáculo jurídico que impida decidir sobre la cuestión de fondo planteada en la controversia, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario o medio de defensa por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas.

     Son tres los requisitos que debe reunir una determinación para que se considere que pone fin al juicio para los exclusivos efectos del amparo directo:

a)    Que sea una determinación que no resuelva el fondo del asunto, en virtud de algún obstáculo, generalmente de naturaleza procesal;

b)    Que sea dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

     Para los efectos aquí precisados, y particularmente para el amparo directo, un juicio comienza desde el momento de la presentación de la demanda.

     Por otro lado, son resoluciones que ponen fin a un juicio por dos circunstancias particulares:

a)    Por su naturaleza. No decide las cuestiones principales que plantean las partes y termina el juicio, de cualquier manera. La autoridad jurisdiccional declara que existe un obstáculo procesal para su continuación y da por concluida la instancia.

 

b)    Por su firmeza. Ya no procede ningún recurso o medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificada o revocada.

 

     Como ejemplos de resoluciones que ponen fin al juicio, para los efectos del amparo directo tenemos:

a)    Las que declaran improcedente el juicio.

b)    Las que declaran improcedente la vía y concluyen el asunto.

c)     La resolución de incompetencia, si no se remite a otro órgano jurisdiccional para su conocimiento.

d)   La resolución que desecha o tiene por no interpuesta la demanda.

e)     La resolución que declara el sobreseimiento.

f)     La resolución que declara la caducidad.

     Todas estas resoluciones tienen como característica que no deciden el fondo del asunto.

     La siguiente ejecutoria analiza claramente lo que se entiende por una “resolución que ponga fin al juicio”

     Octava época

     Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

     Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

     Tomo: III,  segunda parte-1,  enero a junio 1989

     Página: 260

     DEMANDA DE NULIDAD. EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD CONSTITUYE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ANTE TRIBUNALES COLEGIADOS DE

 

CIRCUITO, UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. En términos del artículo 107, fracción V, inciso b de la Constitución general de la República 46 y 158 de la Ley de Amparo y 44 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, vigentes a partir del quince de enero de 1988, son competentes tratándose de juicio de amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el cual puedan ser modificados o revocados. En el caso concreto, el acto reclamado en esta vía, se puede encuadrar en los supuestos competenciales establecidos para los Tribunales  Colegiados de Circuito, tratándose de amparo directo debido a que, el acuerdo de la segunda sala regional metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto dictado por la magistrada instructora que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, confirmando dicho auto y desechando la demanda respectiva, se puede ubicar como resolución que pone fin al juicio. Para demostrar la aseveración anterior, es necesario partir de la finalidad que se persiguió al reformar los preceptos relativos a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, el conocimiento de juicios de amparo directo. Con anterioridad a la reforma en comento, el amparo directo se promovía ante los Tribunales Colegiados de Circuito, únicamente contra sentencias definitivas o laudos, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya fuera que la violación alegada se hubiera cometido durante el procedimiento o en la sentencia misma, entendiéndose por sentencias definitivas aquellas resoluciones que decidieron el juicio en los principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedieran ningún recurso ordinario, en virtud del cual pudieran ser revocadas o modificadas. Así , aquellas resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, que podían fin al juicio pero que no lo resolvían en lo principal (entre ellas el sobreseimiento), por exclusión, se debían combatir a través del juicio de amparo indirecto, prolongándose innecesariamente la tramitación del mismo. En efecto, en el juicio de amparo indirecto la instancia ante el juez de distrito comprende la realización de un procedimiento posterior, con una etapa de instrucción cuya finalidad es colocar el asunto en estado de sentencia, implicando un período probatorio (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas) y alargando con ello la tramitación y sustanciación del juicio de amparo, respecto a resoluciones judiciales o jurisdiccionales (entre ellas el sobreseimiento), que por su naturaleza no necesitaban de un procedimiento posterior, para colocar el asunto en estado de sentencia. En este orden de ideas, con la finalidad precisamente, de evitar la innecesaria instancia ante el juez de distrito, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de juicios de amparo directo comprendió, en virtud de la reforma comentada, el supuesto de la procedencia del mismo, contra resoluciones que pongan fin al juicio (entendiéndose por estas, aquellas que lo dan por concluido porque el juzgador advierte la existencia de un obstáculo jurídico que impide decidir sobre el fondo de la controversia), dictadas  por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el que puedan ser revocadas o nulificadas, dicho en otras palabras, con la reforma se precisó que contra todas aquellas resoluciones jurisdiccionales o judiciales de carácter definitivo que no requieran por su naturaleza de un procedimiento posterior (con la consabida etapa de instrucción), para colocar el asunto en estado de sentencia, procede el juicio de amparo directo, es decir una sola instancia, independientemente que resuelvan o no la controversia principal motivada por la litis. Al tenor de los razonamientos que anteceden, el acto que en esta vía se impugna y que constituye la resolución de la sala responsable del Tribunal Fiscal de la Federación, que resuelve el recurso de reclamación y tiene por no presentada la demanda de nulidad, constituye para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo ante Tribunales de Circuito, “una resolución que pone fin al juicio”, debido a que no se requiere de una etapa de instrucción para colocar el asunto en estado de sentencia,  porque la misma ya se llevó a cabo durante la tramitación del recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de la magistrada instructora que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, donde se ofrecieron y desahogaron las pruebas pertinentes. Así, al constituir el acto reclamado en esta vía, una resolución jurisdiccional dictada por un tribunal administrativo, que no requiere una etapa posterior de instrucción para colocar el asunto en estado de sentencia, y no procede en su contra ningún recurso en virtud del cual pueda ser revocada o modificada, la sustanciación del juicio de amparo debe hacerse de conformidad a las reglas previstas tratándose de amparo directo, surtiéndose en consecuencia, la competencia de este Tribunal Colegiado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 83/89. Extra Fil, S.A. 28 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando  Lanz Cárdenas. Secretaria: Norma Lucía  Piña Hernández.

Jurisprudencia y Tesis Aisladas - 8a Época

Folio: 10381

NULIDAD DE ACTUACIONES, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.

EL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO DISTINGUE LA CLASE DE IRREPARABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, DENTRO DEL JUICIO, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. AHORA BIEN, LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, SOLO TIENE EFECTOS PROCESALES Y, LA VIOLACIÓN QUE, EN SU CASO, SE COMETA AL DICTARLA, PUEDE SER SUBSANADA EN EL EVENTO DE QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LLEGARE A PRONUNCIARSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, SEA FAVORABLE A LOS INTERESES DEL QUEJOSO. POR TANTO, EL ACTO MENCIONADO ES SUSCEPTIBLE DE REPARACIÓN Y NO CABE DENTRO DE AQUELLOS QUE CONFORME AL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SON SUSCEPTIBLES DE IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS BI-INSTANCIAL. ADEMÁS, SI EL FALLO FINAL NO LE RESULTA BENÉFICO, PODRÁ RECLAMARLO EN AMPARO DIRECTO, EN EL QUE ESTARÁ EN APTITUD DE ALEGAR AQUEL ACTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL QUE, AUNQUE SE PROLONGUE HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO MENOSCABA EN FORMA DIRECTA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL AGRAVIADO, ES DECIR, NO LE CAUSA UN PERJUICIO MATERIAL IRREPARABLE. INCLUSO, DE CONSIDERARSE ACTUALIZADA LA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS ALEGADA, SE CONCEDERÍA LA PROTECCIÓN FEDERAL, PARA EL EFECTO DE QUE LAS COSAS VOLVIERAN AL ESTADO QUE GUARDABAN ANTES DE QUE SE PROMOVIERA EL INCIDENTE DE NULIDAD, ESTO ES, QUE QUEDARAN SUBSISTENTES TODAS LAS ACTUACIONES QUE SE DECLARARON NULAS EN LA INTERLOCUTORIA E INSUBSISTENTES LAS POSTERIORES.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

IMPROCEDENCIA 65/87. KOEHRING COMPANY. 11 DE AGOSTO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ. SECRETARIA: ESPERANZA ROCÍO GABRIEL.

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO II, JULIO-DICIEMBRE DE 1988, SEGUNDA PARTE-2, P. 354.

Folio: 10381

 

 

Correlación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Art.107

Derechos Reservados, (C)1998 UNAM-IIJ

 

Novena Época

Registro: 190385

Instancia: Segunda Sala

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo : XIII, Enero de 2001

Materia(s): Laboral

Tesis: 2a./J. 117/2000

Página: 159

 

DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.

De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que las violaciones se cometan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieran cometido durante el procedimiento correspondiente, a condición, en este último caso, de que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. También puede inferirse, en contraposición a esa regla general de procedencia del amparo uniinstancial, que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actualizándose ésta cuando el acto reclamado produzca violación a algún derecho sustantivo del quejoso. De lo anterior se concluye que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable en términos de lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo.

Contradicción de tesis 78/2000-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el Primer y el Noveno Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito. 30 de noviembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Tesis de jurisprudencia 117/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre del año dos mil.

 

No. Registro: 353,870

Tesis aislada

 

Materia(s): Civil

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

LXXII

Tesis:

Página: 2037

 

ACTOS EJECUTADOS DENTRO DEL JUICIO Y QUE SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

Al referirse la fracción IX del artículo 107 constitucional, al concepto de "ejecución irreparable", como característica que deben tener los actos ejecutados dentro del juicio, para que proceda el amparo contra ellos, no ha querido exigir una ejecución material, exteriorizada, de dichos actos, sino que el constituyente quiso más bien referirse al cumplimiento de los mismos; pues

 

 

de otro modo quedarían fuera del amparo muchos actos contra los cuales se ha admitido hasta la fecha aquél, como por ejemplo, el auto que niega dar entrada a la demanda, en el cual es indiscutible que no hay ejecución material en las personas o en las cosas. En consecuencia, debe estimarse que al referirse la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, a la parte relativa de la fracción IX del artículo 107 constitucional, que habla de la procedencia del juicio de garantías, contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, se excede en su términos, porque el precepto constitucional no habla de actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, pues al usar de estos términos, no ha querido referirse expresamente a los actos que tengan fuerza de definitivos, como susceptibles de ser materia del amparo; por lo que, en tales condiciones, es indudable que debe predominar el criterio sustentado por la Constitución, sobre todas las demás leyes secundarias y aplicarse preferentemente aquélla,

 

a pesar de las disposiciones de estas últimas. Amparo civil en revisión 9444/41. Bonnerue de Peraldi María Luisa. 22 de abril de 1942. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Emilio Pardo Aspe no intervino en la votación de este asunto por las razones que constan en el acta del día. Relator: Hilario Medina.

Quinta Epoca:

Tomo LXVIII, página 2721. Amparo civil. Revisión del auto que desechó la demanda 560/41. Bonnerue de Peraldi María Luisa. 21 de junio de 1941. Mayoría de tres votos.

Disidentes: Tirso Sánchez Taboada y Felipe de Jesús Tena Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

Demanda de amparo directo. En contra de la resolución de la autoridad responsable que indebidamente la desecha, la tiene por no interpuesta o niega remitirla, no procede recurso alguno, sino que el Tribunal Colegiado de Circuito debe requerir su envío con los apercibimientos legales.

Novena Época. Pleno.

De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 44, 163, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo, deriva que cuando la autoridad responsable que actúa como auxiliar del Poder Judicial de la Federación, en el inicio de la sustanciación del juicio de amparo directo, emite una resolución en la que desecha, tiene por no interpuesta o niega la remisión de una demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito, para lo cual carece de atribuciones, procede que la parte interesada informe tal circunstancia al Tribunal Colegiado, para que éste, de inmediato, requiera, con apercibimiento de multa, a la autoridad responsable, en el sentido de que remita la demanda y sus anexos, pues ello constituye una obligación que se impone como carga procesal de aquélla, sin perjuicio de que, si insiste en el incumplimiento, después de agotados los medios de apremio, se proceda en contra de la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 del ordenamiento jurídico citado, para que se le sancione en la forma precisada en

 

 

el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia; de tal manera, una vez que el tribunal federal reciba la demanda de amparo deberá, de oficio, dejar insubsistente la resolución relativa y proveer acerca de la procedencia del juicio de garantías, habida cuenta que no existe la necesidad de integrar laguna jurídica alguna, a través del razonamiento analógico, para crear un supuesto de procedencia de recurso, con la finalidad de que el interesado pueda combatir esa clase de determinaciones, pues su interposición implicaría que existiera sustanciación y significaría una carga procesal para la parte interesada que, de no realizarse en los términos previstos por la ley, daría lugar al absurdo de que, por virtud del principio de preclusión, quedara firme una determinación de la autoridad responsable, para cuya emisión carece de atribuciones. Lo anterior, debido a que el artículo 169 de la Ley de Amparo es suficiente para fundar el requerimiento de mérito, con el que el Tribunal Colegiado está en aptitud de proveer, en forma expedita y pronta, sobre la demanda de amparo directo, y evitar que la parte interesada quede en estado de indefensión. Contradicción de tesis 26/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número 30/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

 

 

RESOLUCIÓN Núm. RES/143/97

RES/143/97 1

 

 

RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA IMPROCEDENCIA Y DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO INTEGRADO POR G.D.F. INTERNATIONAL, S.A., MEXIGAS, S.A. Y BUFETE INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO RES/120/97 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1997 DICTADA POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-005-1997

R E S U L T A N D O

Primero.- Que con fecha 14 de abril de 1997 esta Comisión inició el procedimiento para otorgar el primer permiso de distribución de gas natural en la Zona Geográfica del Río Pánuco (la Licitación), mediante la publicación de la convocatoria (la Convocatoria) correspondiente en el Diario Oficial de la Federación;

Segundo.- Que, de conformidad con la disposición 2.1 de la Convocatoria, el 28 de abril de 1997 se pusieron a la venta las Bases de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-005-1997 para otorgar el Primer Permiso de Distribución de Gas Natural en la Zona Geográfica del Río Pánuco (las Bases); Tercero.- Que conforme a lo previsto en la Convocatoria y en las Bases, el objeto de la Licitación fue determinar un ganador para otorgarle, en el término de un mes contado a partir de la fecha del Fallo de la Licitación (el Fallo), el primer permiso de distribución de gas natural correspondiente a la Zona Geográfica del Río Pánuco;

Cuarto.- Que durante el procedimiento de la Licitación se realizaron juntas de aclaraciones, se recibieron propuestas, se abrieron y evaluaron las ofertas técnicas y económicas, y se descalificaron ofertas desechando las propuestas de los consorcios integrados por: Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V y RES/143/97 2 Enserch de México, S.A. de C.V (el Consorcio CMG-Enserch), según consta en la resolución número RES/104/97; Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A., BC Gas (México) Inc., y Shell Oil Company (el Consorcio GMD-BCG-SHELL), según consta en la resolución número RES/119/97; y G.D.F. International, S.A., Mexigas, S.A. y Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. (el Consorcio GDFI-Bufete) según consta en la resolución número RES/120/97;

Quinto.- Que mediante resolución número RES/121/97, esta Comisión resolvió en definitiva el procedimiento al emitir el Fallo, y declarar ganador de la misma a Noram Energy de México, S.A. de C.V. y Corporación GUTSA, S.A. de C.V. (el consorcio NORAM -GUTSA); Sexto.- Que la resolución número RES/121/97 a la que se alude en el Resultando inmediato anterior, fue notificada personalmente a las empresas integrantes de los siguientes consorcios: el Consorcio CMG-Enserch, el Consorcio GDFI-Bufete, el Consorcio GMD-BCG-SHELL, y el Consorcio NORAM-GUTSA, haciendo de su conocimiento que dicha resolución podía ser impugnada interponiendo en su contra el recurso de reconsideración que prevé el artículo 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; Séptimo.- Que esta Comisión, conforme a las consideraciones que se hicieron constar en la resolución número RES/120/97, descalificó las dos ofertas económicas y desechó la propuesta presentada en la Licitación por el Consorcio GDFI-Bufete, haciendo del conocimiento de dicho Consorcio, al notificarle la referida resolución, que el expediente respectivo podía ser consultado, una vez concluido el proceso de la Licitación, en las oficinas de ubicadas en Horacio 1750, Col. Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 11510, México, D.F.; Octavo.- Que en el acto en el cual se dio a conocer el Fallo, realizado el 11 de septiembre de 1997, el representante acreditado del Consorcio GDFI-Bufete, manifestó que “en su oportunidad presentaría su inconformidad mediante el procedimiento correspondiente”, lo cual se hizo constar en la minuta correspondiente a dicho acto, misma que fue debidamente firmada por dicho representante; y Noveno.- Que mediante escrito presentado el 24 de septiembre de 1997 ante esta Comisión, el apoderado general de las empresas integrantes del Consorcio GDFI-Bufete interpuso recurso de reconsideración en contra de la RES/143/97 3 resolución número RES/120/97 y expresó los agravios que a su juicio se le causan, además de solicitar la suspensión de la ejecución de los actos derivados de la Licitación, señalar como tercero perjudicado al Consorcio NORAM-GUTSA y ofrecer pruebas, entre las cuales incluyó la consistente en el expediente íntegro de la Licitación.

C O N S I D E R A N D O

Primero.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (la Ley), publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de octubre de 1995, contra los actos de la Comisión, en la vía administrativa, sólo podrá interponerse el recurso de reconsideración, el cual se resolverá por la propia Comisión conforme a las disposiciones del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

Segundo.- Que el artículo 38 del Reglamento de Gas Natural (el Reglamento), dispone que el procedimiento de licitación será iniciado por la Comisión cuando a su juicio existan elementos suficientes que justifiquen la realización de un proyecto de distribución y, en su caso, la determinación de una zona geográfica;

Tercero.- Que el artículo 40 del Reglamento establece que, para iniciar el procedimiento de licitación, la Comisión publicará la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la que contendrá como mínimo el objeto de la licitación y el trayecto o zona geográfica de que se trate, así como el plazo, lugar y horario en que estarán a disposición de los interesados las bases para la licitación, y el costo y forma de pago de las bases;

Cuarto.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley, esta Comisión, para promover el desarrollo eficiente de la actividad regulada de distribución de gas natural, goza de la atribución para otorgar los permisos y autorizaciones que se requieran conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

Quinto.- Que, una vez declarada por la Comisión la Zona Geográficamencionada en el Resultando Segundo anterior y conforme a las disposiciones establecidas en la Sección Sexta del Capítulo III del Reglamento, esta Comisión inició, de acuerdo con las atribuciones que le confiere la Ley, el procedimiento para otorgar el primer permiso de distribución de gas natural en RES/143/974 la Zona Geográfica del Río Pánuco, procediendo a la publicación de la correspondiente Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y a la venta de las Bases correspondientes;

Sexto.- Que el artículo 41 del Reglamento establece, en su último párrafo, que las bases que expida la Comisión podrán ser impugnadas mediante el recurso de reconsideración a que se refiere el Considerando Primero anterior;

Séptimo.- Que las Bases no fueron objeto de impugnación dentro del plazo legal previsto en el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por parte de los Consorcios enunciados en el Resultando Cuarto anterior, adquirentes de las mismas, considerándose por ello que los Consorcios que presentaron propuestas dentro del procedimiento administrativo de la Licitación expresaron, de esta manera, su conformidad con el contenido de dichas Bases;

Octavo.- Que el artículo 44 del Reglamento prevé que la Comisión emitirá su fallo en el término de tres meses a partir de la recepción de las propuestas o, en su caso, declarará desierta la licitación en los supuestos que el mismo Reglamento establece en su artículo 45;

Noveno.- Que conforme a lo señalado en el Resultando Tercero anterior, en los párrafos 1.1, 1.17, 2.3, 2.33, 2.35 y 8.2 de las Bases y con base en el precepto jurídico enunciado en el Considerando inmediato anterior, y ante el hecho de que, en el caso que nos ocupa, no se declaró desierta la Licitación sino que hubo un Fallo, debe entenderse que la resolución definitiva de la Licitación es el Fallo contenido en la resolución número RES/121/97 a que se refieren los Resultandos Quinto y Sexto anteriores;

Décimo.- Que, como consecuencia de lo expuesto y fundado en los Considerandos del Sexto al Noveno anteriores, a excepción de las Bases, el Fallo o la declaratoria para considerar desierta la licitación, en su caso, que son actos todos ellos que pudieron ser objeto de impugnación a través del recurso de reconsideración previsto en la Ley, los demás actos administrativos realizados durante el procedimiento de la Licitación son actos de trámite en contra de los cuales no es admisible el recurso; RES/143/97 5

Undécimo.- Que el artículo 3, fracción XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece como uno de los elementos o requisitos del acto administrativo, tratándose de actos administrativos recurribles, hacer mención de los recursos que procedan;

Duodécimo.- Que por las razones que se precisan en los Considerandos inmediatos anteriores, en la resolución número RES/121/97 que puso fin al procedimiento y que contiene el Fallo de la Licitación, se incluyó el punto resolutivo tercero que ordenó hacer del conocimiento de todos los Consorcios participantes que dicha resolución podía ser impugnada interponiendo en su

contra el recurso de reconsideración que prevé el artículo 11 de la Ley de la

Comisión Reguladora de Energía;

Decimotercero.- Que, en el mismo sentido de las consideraciones expuestas, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala, en su artículo 83, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, podrán interponer el recurso o intentar las vías judiciales correspondientes;

Decimocuarto.- Que el mismo ordenamiento citado en el Considerando anterior establece, en su artículo 84, que la oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo, deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo, y que la oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva;

Decimoquinto.- Que el Consorcio GDFI-Bufete no impugnó la resolución número RES/121/97 que puso fin al procedimiento administrativo de la Licitación, sino que interpuso el recurso en contra de la resolución número RES/120/97 que constituye un acto de trámite dentro de dicho procedimiento administrativo;

Decimosexto.- Que al no cumplir el Consorcio GDFI-Bufete con el requisito de admisibilidad o procedencia al que se refiere el artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que en vez de impugnar el Fallo como resolución definitiva presentó su recurso en contra de un acto de trámite, esta Comisión está imposibilitada para entrar al examen de la cuestión de fondo RES/143/97 6 planteada en el recurso debiendo, en cambio, declarar la improcedencia y desechar de plano, sin substanciación, el recurso interpuesto por dicho consorcio en contra de la resolución número RES/120/97 de fecha 9 de septiembre de 1997, dictada por esta Comisión dentro del procedimiento de la Licitación, y

Decimoséptimo.- Que en congruencia con lo señalado en el Considerando que antecede, esta Comisión tampoco debe proveer o substanciar las peticiones contenidas en el escrito de interposición del recurso, ya que tanto la suspensión como el llamamiento de tercero y las pruebas ofrecidas requieren como presupuesto esencial, para ser tomadas en consideración, que el recurso sea procedente y, en el caso, lo que existe es la improcedencia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4 y 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 1, 3, 83, 84, 87, 93 y relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 7, 38, 40, 41, 44, 45 y 46 del Reglamento de Gas Natural, y en lo dispuesto por los párrafos 1.1, 1.17, 2.3, 2.33, 2.35 y 8.2 y demás relativos de las Bases de la Licitación, esta Comisión Reguladora de Energía: RES/143/97 7

 

R E S U E L V E

 

Primero.- Se declara la improcedencia y se desecha el recurso interpuesto por G.D.F. International, S.A., Mexigas, S.A. y Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. en contra de la resolución número RES/120/97 de fecha 9 de septiembre de 1997, emitida dentro del procedimiento de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-005-1997 para otorgar el primer permiso de distribución de gas natural en la Zona Geográfica del Río Pánuco.

Segundo.- Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución a G.D.F. International, S.A., Mexigas, S.A. y Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. y hágase de su conocimiento que la misma es definitiva en la esfera administrativa y que el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas de esta Comisión, ubicadas en Horacio 1750,

Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 11510 en México, D.F.

Tercero.- En su oportunidad, inscríbase la presente resolución bajo el número RES/143/97 en el registro a que se refiere la fracción XVI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. México, D.F., 1º de octubre, 1997

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

http://www.juridicas.unam.mx/

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Amparo.

http://www.bibliojuridica.org/